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EVALUACIONES DEL INEE. EVALUADORES CERTIFICADOS FARSANTES

Marcos Ricardez P.

La reforma educativa representa un escalón más del sigiloso proceso de privatización de la escuela pública mexicana, tema que detallaremos en otro momento, pero aquí señalo una serie de circunstancias de cómo han operado intereses transnacionales y personales en este proceso: el programa de Carrera Magisterial (CM) duró 23 años, finalizó en consecuencia a la implementación de la reforma educativa peñista (laboral, aunque estemos hartos de recordarlo); el fin de CM fue fundamentado en un estudio que en el 2004 el gobierno mexicano, tras la firma de un contrato millonario con la transnacional Rand Corporation, pidió a ésta evaluara el programa de Carrera Magisterial; como coordinadora por parte de Rand para este trabajo quedó Lucrecia Santibañez, investigadora del CIDE, asesora del Banco Mundial, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), UNETE (Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación) y de Mexicanos Primero, de estas dos últimas organizaciones “sin fines de lucro” también fue asesora la Dra. Sylvia Irene Schmelkes del Valle. El estudio fue presentado en el 2006 y los resultados apuntan a  “que los sistemas de estímulos salariales individuales (como CM) tienen pocas posibilidades en la práctica de arrojar resultados positivos en la calidad de la educación”, entonces Peña implementó un Programa de promoción en la función por incentivos al cual muy pocos docentes se les ha permitido ingresar.

En sus últimas etapas la corrupción de CM llegó a niveles inusitados: la venta del examen horas antes de ser aplicado y la de los niveles (del A al E), en esta involucrados funcionarios públicos y líderes charros, algunos de ellos en la actualidad purgan castigo oficial. Con la entrada en vigor de la reforma educativa peñista, el docente pasó a ser objeto de múltiples evaluaciones con el afán de conservar su trabajo, para evitarlo y tenderle una mano en su desesperación, pululan en las redes sociales empresas y particulares (algunos de ellos también fueron parte de la corrupción de CM) que con ganchos publicitarios atraen a los maestros sujetos de evaluación.

Las evaluaciones que coordina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) obliga a que los docentes, directores y supervisores elaboren un proyecto didáctico o directivo, la función lo determina, en el cual planteen y ejecuten acciones que permitan vislumbrar su nivel de conocimiento, habilidades y actitudes; este proyecto en cuanto a la forma es descriptivo y argumentativo, pero en el fondo conlleva la finalización de la relación laboral para los docentes en su segundo año de servicio, y para el resto, ya sean docentes o directivos, su prestigio; la incertidumbre es general entre el magisterio, pero golpea con gancho al hígado a los docentes que no tienen formación como tal o a los que por su avanzada edad en el servicio no poseen las habilidades necesarias para realizarlo, estos dos grupos son presa fácil de quienes se autodenominan evaluadores certificados.

Los evaluadores certificados han adquirido una connotación relevante en los procesos de evaluación del INEE, ya que son los encargados de analizar y ponderar los productos de la evaluación de los docentes; lamentablemente en redes sociales circulan propagandas de maestros o doctores ofreciendo sus servicios de asesorías sobre las evaluaciones del INEE, ya al contactarlos estos se presentan como evaluadores certificados, por supuesto que incrementa la confianza, entrados en materia los autodenominados evaluadores disparan el dardo: de 7 a 11 mil pesos por hacer el trabajo, “no te preocupes, pasarás la evaluación”. No todos los docentes que les pagan a los supuestos evaluadores acreditan, y termina sucediendo lo mismo que con la venta de los exámenes de CM: si reclamo abiertamente me evidencio.

La función de evaluador está sujeta a lineamientos que el legislativo avala, estos en su artículo 66, fracción V, establece que revocará la certificación al evaluador: “Cuando se aproveche de su carácter de evaluador certificado para desarrollar actividades de formación o asesoría que involucren temas relacionados con la Evaluación del Desempeño o del proceso de certificación, y que, además, deriven en beneficio y lucro personal, quedando sujeto, asimismo, a lo establecido en el artículo 72 de la Ley General del Servicio Profesional Docente”. El artículo 72 de la LGSPD al que hace alusión los lineamientos, señala el cese definitivo de su plaza docente al evaluador.

De los lineamientos se desprende un código de ética que en todo momento debe ser respetado, ahí se conmina al evaluador a ser prudente y honesto con la información y la documentación que se le confía, “a evitar su mal uso o uso abusivo, así como su sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas para beneficio personal o de terceras personas o para fines ajenos a los propósitos de la evaluación”.

Con esto pretendo contextualizar que se trata de farsantes, personas sin escrúpulos, que no pueden ser evaluadores certificados ya que es una función sumamente vigilada por el INEE, con procedimientos estrictos entre los cuales se cuenta con el mayor sigilo y prontitud para celebrar las reuniones de evaluación, prácticamente encierran días a los evaluadores a revisar los productos de los docentes, de estados diametralmente opuestos en cuanto a origen.

No sólo las transnacionales están haciendo negocios multimillonarios con la reforma educativa y el paupérrimo Nuevo Modelo Educativo, también privatizar la educación es aprovecharse de la desesperación del otro, es propiciar que el interés personal-económico aplaste al interés colectivo, por ello los maestros democráticos dicen que el proyecto educativo neoliberal “alimenta la desigualdad, el fracaso”.

 Imagen tomada de Milenio

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