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NUEVO MODELO EDUCATIVO. Multiplicidad de fines

Angélica Ambrosio

 EL nuevo modelo educativo es ya una preocupación latente para el sector educativo, principalmente para los docentes que son quienes tendrán que ponerlo en marcha y quienes, sin duda, entrarán a este modelo con gran incertidumbre al no poseer claridad en la manera en que tendrá que implementarse en las aulas y frente a las contradicciones y la falta de viabilidad que presenta.

Ante este escenario, es necesario reflexionar si existe contradicción entre la visión humanista que, según se indica, permea al Nuevo modelo educativo, y los dispositivos de evaluación que se incluyen en el mismo y que están sustentados en un sistema basado en el mérito; o si los principios humanistas entran en contradicción con un enfoque pedagógico sustentado en la eficacia y competitividad, aspectos que también se señalan en la propuesta.

Es necesario reflexionar y discutir estos aspectos, especialmente porque en la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, presentada un año antes del nuevo modelo educativo, se indica que dicha contradicción no existe, dado que en la propuesta se integran tres fuentes que nutren su planteamiento pedagógico: una filosofía de la educación basada en principios y valores fundamentales; la demanda de capacidades que resulta del momento histórico que viven los educandos; y una concepción del proceso de aprendizaje que se ha producido recientemente en el campo del desarrollo cognitivo . Aunque estos aspectos no se mencionan en el Nuevo modelo educativo que se presentó en 2017, están implícitos en él.

Ahora bien, decir y demostrar son dos cosas diferentes. Algunos expertos han señalado que la visión supuestamente humanista incluida en el Nuevo modelo educativo no se encuentra bien definida  y, de hecho, se coloca en el polo opuesto respecto del enfoque basado en el mérito, puesto que este último constituye en sí mismo un factor de exclusión que tiende a justificar las desigualdades sociales, si bien, por definición, la meritocracia implica un sistema de gobierno en que los puestos de responsabilidad se adjudican en función del mérito personal , también puede fungir como un artilugio legitimador de la desigualdad, puesto que sea cual sea el factor que genera la desigualdad en la sociedad, quien disfruta de una posición privilegiada tiende a ver su situación como resultado de sus propios méritos.  Así, por ejemplo, la cúpula en el poder pierde la perspectiva cuando solicita que el magisterio nacional sea sometido a los principios de obtener un ascenso o puesto por méritos propios demostrados a través de una evaluación, cuando el mérito, a todas luces visto, que llevó al actual secretario de Educación Pública a ese cargo fue su amistad con el presidente de la República.

En un mundo globalizado donde se estima que aproximadamente la mitad de la riqueza mundial se concentra en apenas el 1 por ciento de los hombres más ricos, y donde el discurso neoliberal concilia la promoción individual en el mercado a través del mérito con la supuesta igualdad de oportunidades, es de suma relevancia reflexionar sobre la “idoneidad” de que principios tales como el mérito y la competencia constituyan los ejes orientadores del proyecto educativo nacional.

Es primordial, por otra parte, analizar la consistencia o coherencia existente entre los diversos elementos que lo constituyen, pues la falta de adecuación entre fines y medios puede llevar a que, como en otros proyectos educativos, sus aspiraciones no pasen a ser más que eso.  Uno de los puntos relevantes y más preocupantes de cómo los docentes lograrán  poner en marcha dicho modelo se refiere a la multiplicidad de fines que se pretenden alcanzar con él, los cuales, incluso, sobrepasan los establecidos para la educación en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación: mientras que en la Constitución se establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia (DOF, 2017), en el nuevo modelo educativo, además de los fines anteriores, se añade que:

El propósito de la Educación Básica y Media Superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida, en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. De igual manera se añaden aspectos tales como que todo egresado de la educación básica y media superior debe poder expresarse y comunicarse correctamente tanto en español como en otra lengua materna, en caso de tenerla; ser capaz de comunicarse en inglés; ser competente y responsable con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)… y así prosigue con un largo etcétera.

Tan sólo en estos  aspectos se pueden observar grandes dificultades con las que los docentes habrán de encontrarse, pues tan solo el mencionar que los estudiantes hablantes de alguna lengua materna deberán de expresar correctamente en ella ¿Cómo será posible ello? Si en la mayoría de escuelas donde estos niños o jóvenes asistan difícilmente se encontraran con algún docente que hable alguna lengua o que exista correspondencia entre lenguas.  En lo que respecta a la enseñanza del inglés, según datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), se calcula que sólo la mitad de las escuelas secundarias cuentan con maestro de inglés, porcentaje que se reduce a 10 por ciento en las primarias y a 5 por ciento en la educación preescolar, a lo que hay que añadir que no todos los maestros de inglés dominan dicho idioma . En cuanto al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación ¿cómo se podrán promover estas si en el país existen escuelas ubicadas en localidades donde ni siquiera hay electricidad y en otras ni siquiera existen instalaciones adecuadas para recibir clases mucho menos cuentan con alguna computadora? Si objetivos como los anteriores no se encuentran lógicamente estructurados con los medios necesarios para lograrlos, aunque las aspiraciones que se plasman en el nuevo modelo educativo sean deseables, las dificultades para realizarlas las hacen ver como simple demagogia.

 En la presentación de este modelo educativo se dijo que éste implicaba una revolución en el sistema educativo, un cambio drástico con respecto a lo que actualmente tenemos. En efecto, los objetivos planteados en la propuesta implican importantes cambios para todos los actores involucrados en educación, y para cubrirlos es necesario crear una nueva escuela, un nuevo docente y un nuevo tipo de alumnos, algo parecido a los sistemas educativos de los países desarrollados. Sin embargo, para llegar a alcanzar las maravillas que se plantean en este modelo hay que considerar que en nuestro país no se cuenta con las mismas circunstancias, medios y recursos que en los países desarrollados. Es decir, hay que tener en cuenta que, como se dice comúnmente, prometer no empobrece; el dar es lo que aniquila.

Entonces es notorio que este modelo  no incorpora aquello que podría hacer viables todos los cambios que se proponen para el sistema educativo. Si bien, como parte de la propuesta se incluye un documento denominado “Ruta para la implementación del nuevo modelo educativo” (SEP, 2017), éste, en gran parte, reitera los objetivos que se espera alcanzar, pero no especifica los “cómo”, no detalla de manera clara y convincente la forma en que se procederá para cubrir dichos objetivos.

Algunos otros inconvenientes de este nuevo modelo son, por mencionar algunos:

El  tiempo político en que se plantea (hacia final del sexenio), ya que no alcanza para iniciar su implementación y para generar los dispositivos políticos que aseguren su continuidad más allá del presente sexenio. Lo que probablemente sucederá es que se dará el arranque a marchas muy forzadas, pero no hay elementos suficientes que aseguren su implementación y consolidación.

Otro inconveniente es con respecto a la amplitud de los objetivos que se persiguen en cada uno de los cinco ejes centrales que incluye el modelo, los cuales resultan muy ambiciosos, pensando sobre el nuevo planteamiento curricular, debemos preguntarnos: ¿dónde se encuentran los docentes formados para afrontar con éxito la enseñanza del español, las lenguas indígenas y la del inglés?  Y aunado a ello el hecho de que habrán de enseñarlo bajo una nueva perspectiva pedagógica basada en el principio de “aprender a aprender” ¿cómo y mediante qué medios se piensa incorporar la enseñanza de habilidades socioemocionales?

La nueva propuesta curricular también implica un enorme reto para los docentes en servicio dado que no han sido preparados para ello, pero también para  los nuevos docentes que se están incorporando al servicio educativo mediante concursos, conforme a los lineamientos de la reforma educativa, no han sido formados para llevar adelante muchos de los planteamientos de la nueva propuesta curricular y de igual forma existen  las mismas carencias  en la formación que se lleva a cabo en las escuelas normales.

Por su parte, el principio central del nuevo modelo, “la escuela al centro”, que implica brindar más autonomía a las escuelas en lo que respecta a su gestión y al manejo del currículo, parece ignorar que tanto éstas, como sus contextos, son ampliamente heterogéneos, y que las capacidades con las que cuentan para hacer un uso exitoso de esta autonomía son muy dispares. A su vez, los dispositivos de apoyo y acompañamiento a las escuelas para lograr mejores prácticas docentes, no resultan del todo claros en el nuevo modelo. Tampoco se indica explícitamente de dónde saldrán los recursos para que las escuelas cuenten con el equipamiento y las plantillas docentes completas que se plantean.

En cuanto a la formación y desarrollo profesional docente, el nuevo modelo plantea una contradicción central con el enfoque humanista que pretende implementar, ya que la profesionalización basada en el mérito, así como el reconocimiento u otorgamiento de premios a los profesores más destacados, conlleva al modelo de competencia individualista  que sustenta a la propuesta de la economía neoclásica. En este sentido, es difícil compaginar un modelo educativo orientado a formar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, etcétera, cuando una parte del mismo apunta hacia el otro lado, es decir, hacia la competencia individualista. Asimismo, en su planteamiento sostiene la utilización de los resultados de la evaluación de forma punitiva (premios y castigos), a pesar de que existen múltiples evidencias que muestran que esto tiene efectos nocivos para el propio desarrollo educativo; por ejemplo, estimula a los sujetos a prepararse para pasar pruebas, antes de preocuparse por desarrollar una educación integral.

 Finalmente ¿de dónde se obtendrán   los recursos económicos necesarios para ponerlo en marcha? Ante el contexto de crisis en que se encuentran las finanzas públicas, aspecto que ha orillado al gobierno a realizar recortes presupuestales al sector educativo ¿de dónde provendrán los recursos para dotar y mejorar la infraestructura de las escuelas?, ¿y de dónde, los recursos para la capacitación permanente de todos los actores involucrados en la implantación del nuevo modelo?

En la “Ruta para la implementación del nuevo modelo” se indica que: “las metas [establecidas para el nuevo modelo] en el año fiscal 2018 se construyeron con base en proyecciones inerciales del presupuesto de 2017 y quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos”. Es importante, analizar y señalar que al condicionar así el cumplimiento de las metas de los programas educativos, el gobierno federal se deslinda de los compromisos financieros contraídos con el sector educativo. De hecho, mediante la inclusión de esta frase en el artículo 25 de la Ley General de Educación ha logrado esquivar la responsabilidad de destinar recursos equivalentes al 8 por ciento del PIB a la educación, tal como se establece en dicho artículo. Si bien es cierto que nunca se ha aplicado dicho porcentaje a la educación en nuestro país, al condicionarlo a la “disponibilidad de recursos” en la propia Ley se tiene una salida más fácil para disculpar su incumplimiento.

Finalmente quienes cargaran con el peso de tantos desatinos e inconsistencias serán los docentes y alumnos que tendrán una dura tarea para poder encontrar un camino propio ante este reto que tendrán que enfrentar sin casi alguna herramienta que los ayude en este andar.

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