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TABASCO Y EL DESARROLLO. Debate de candidatos

Rodolfo Uribe

En esa eterna búsqueda de la inasible democracia, nos hemos llenado de debates a todo nivel, en todo tipo de candidaturas, con todo tipo de resultados, incluido este 8 de junio el asesinato saliendo de uno de ellos, del candidato del PRI a la diputación federal del primer distrito de Coahuila.

Suman ya casi 200 asesinatos de candidatos a todo tipo de puestos en todo el país. Es sólo la punta del iceberg. Es evidencia de que en estas elecciones no sólo está en juego la opción entre un proyecto neoliberal estricto de desmantelamiento de las instituciones nacionales para convertirnos en un mero corredor de inversiones corporativas (una especie de gran canal de Panamá); o la recuperación de la capacidad de construir condiciones colectivas de vida. Más aún, y desespera que no sea ese el centro de las campañas, la posibilidad de subsistencia colectiva  amenazada por los niveles de violencia, y la situación límite de nuestras condiciones ambientales.

La violencia que caracteriza a este proceso electoral es resultado de una lucha entre quienes quieren, están o pueden ser cooptados por la delincuencia violenta y quienes, aún a costa de su vida, se resisten a la unificación total del mundo político y empresarial con la delincuencia organizada, con una economía local de extorsión, tráfico de personas y muerte.

De ahí que estemos viviendo ese extraño espectáculo medio esquizofrénico de una apasionada campaña política con exigencias democráticas, en medio de condiciones de ocupación territorial y violencia como en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, entre otros lugares, o de inseguridad cotidiana con robos, extorsiones, secuestros y asesinatos como ocurre en todo el Golfo de México.

La elección es también la opción entre quienes ven el presupuesto público como una fuente de negocios, como se ha demostrado con la carrera política de Ricardo Anaya; y de quienes quieren construir un proyecto de vida en común posible con un sentido nacional. La opción es entre quien puede mantener condiciones de estabilidad y gobernabilidad estableciendo alianzas que parecían impensables hace pocos meses, y quien quiere hacer del gobierno un mero esquema de negocios sin importarle lo que ocurra en la sociedad.

A nivel estatal, la principal paradoja que se nos presenta tras la discusión efectuada entre los principales candidatos al gobierno, es que Tabasco es un ejemplo mundial de desarrollo exitoso, del desarrollo entendido como mero crecimiento económico y, al mismo tiempo, se convirtió en un ejemplo mundial, que obligó a los científicos a pensar en un desarrollo alternativo, conocido como “desarrollo sustentable”.

Dada la enorme cantidad de valor producida por la explotación petrolera en Tabasco y Campeche, deberíamos habernos convertido en una de las regiones más ricas del mundo, y en los 80 los indicadores comenzaban a apuntar hacia eso. Pero tres obstáculos impidieron que ocurriera; dos son causas estructurales del tipo de desarrollo, y una contingente de un mal social.

Lo primero es que se hizo evidente que la industria de enclave petrolera no distribuía ni de lejos su riqueza en el entorno social ni ejercía suficiente efecto de arrastre para desarrollar el resto de las actividades productivas en el grado deseable; y el segundo factor estructural es que la destrucción ambiental, aunado a la presión económica que ejercía sobre la población original y las infraestructuras regionales puso en riesgo su supervivencia.

Esto obligó a una intervención redistributiva de parte del estado, que sólo fue posible porque se trataba de una empresa pública. A esto se sumó el la enorme corrupción que acompañó al proceso y a su gestión política, lo que generó enormes fortunas privadas locales y de agentes de paso, impidiendo la consolidación de una economía estatal autónoma, de una clase media ilustrada con capacidades y conocimientos para hacerse cargo de su propio destino, y de una fuerza de trabajo capacitada o emprendedora.

Causal o casualmente, todos los actuales candidatos a gobernador, provienen de los sectores y familias que supieron y pudieron beneficiarse de ese proceso de concentración de recursos que dejó inerme al estado y al resto de la población. Nada que ver con la irrupción de algún sector social que nunca había podido representarse o manifestarse a nivel político, como lo fue el Frente Democrático Nacional y el subsecuente PRD de la década de 1989 a 1999.

La paradoja es que frente a aquella abundancia de hace dos décadas, ahora el diagnóstico es fatal: el estado tiene el primer lugar de desempleo juvenil y uno de los primeros lugares en robos con violencia, secuestros, extorsiones y asesinatos. En la Chontalpa se vive en guerra, sólo que no hay bandos equivalentes, de un lado están los delincuentes armados dedicados de tiempo completo al despojo, y del otro la población desarmada y distraída en sus trabajos, tratándose de ganar la vida.

Comparada con otras zonas petroleras del mundo no hay sorpresa, esta industria trabaja por booms y destruye las sociedades y el medio ambiente donde extrae el crudo. Pero en el caso de PEMEX se trataba de una empresa estatal con obligaciones directas con la ciudadanía y sus recursos eran administrados por funcionarios federales y locales que, aunque hicieron diferencia respecto a lo que pasó en otros países o en Tamaulipas a principios del siglo XX, pudieron haberlo hecho mejor.

En realidad, la paradoja sobre el éxito del desarrollo y la situación actual es más profunda si recordamos que antes del boom petrolero se hizo el rescate físico de terreno habitable y laborable mediante las grandes obras de control hidrológico de los años 60 y 70, y los planes agropecuarios, que por 30 años generaron una explotación ganadera exitosa, pero nuevamente, con alto costo ecológico, un impacto laboral muy limitado y gran concentración del ingreso. De hecho, todos los estudios hechos en los 80 y 90 demuestran que el modelo agropecuario centrado en el ganado ya no estaba resolviendo las necesidades de la gran mayoría de los campesinos y sólo los cacaoteros vivieron una situación estable hasta la crisis internacional del producto a mediados de los 90; y los ganaderos hasta la apertura del mercado internacional y la crisis de las deudas del 93 cuando la Suprema Corte aprobó el cobro de intereses sobre intereses y el gobierno decidió apoyar a los bancos en la recuperación de las deudas (carteras vencidas) de los ciudadanos y pequeñas empresas.

A principios de los 90, en el gobierno estatal se discutían dos fenómenos paralelos en el medio rural: el desempleo juvenil y la cocaína obsequiada a los jóvenes. En la segunda parte de la década, la delincuencia internacional tenía presencia con secuestros de empresarios, trasiego internacional de cocaína a través de la zona costera, así como robo y contrabando de autos hacia Centro América, pero sin establecer un control territorial como sería a partir del nuevo siglo, apropiándose de las economías municipales que la nueva política económica había abandonado, y eventualmente, apropiándose territorialmente de la gran franja ganadera comprendida entre Huimanguillo y Tenosique.

Paralelamente, los carteles pasarían a controlar el flujo de migrantes ilegales que cruza el estado, y ya para el 2011, como en todo el país, los delincuentes iniciarían el establecimiento de una economía de “ordeña” a la población civil, extorsionando, cobrando derecho de piso, secuestrando y promoviendo todo tipo de robos después de los primeros actos de terrorismo como el asesinato y exhibición de cuerpos de conocidos reporteros y locutores. Desgraciadamente los niveles de violencia e impunidad han llegado a grado tal, que algunas personas han aprovechado para realizar este tipo de actos de manera espontánea.

La desordenada reforma energética cerró progresivamente las actividades de PEMEX generando desempleo, lo que además coincidió con el auge del petróleo Shale o de Fracking de Estados Unidos, y también con un repliegue de la actividad de las empresas privadas, ocasionando la cuasi nula actividad económica actual del estado.

Para iniciar la dinámica de crecimiento económico en el estado en una época en que no se tenía conciencia de los procesos ambientales, se optó por desecar pantanos y controlar los ríos mediante la construcción de grandes presas y un canal directo de desalojo, mismo que quedaría a medias. Cuando se completó el sistema de presas, se advirtió que tendría una vida útil de 30 años, siempre y cuando se cuidara que no hubiera erosión de los suelos en Chiapas.

El canal no se completó, primero porque de acuerdo con la experiencia de sistemas semejantes en Florida y los avances de la ecología, se sabía que su impacto ambiental sería más negativo que benéfico y porque coincidió con la baja del petróleo y la crisis económica nacional de 1981. Luego entonces, las inundaciones catastróficas de 1999 y 2007 ocurrieron porque el sistema ya había agotado su vida útil, sobre todo por la brutal y descontrolada deforestación y erosión en Chiapas, donde, desde 1988, al adoptarse la lógica neoliberal, se dejó de dragar los ríos del Golfo de México e invertir en mantenimiento del sistema de presas.

De parte de los técnicos y científicos había conciencia de esto y se hizo un estudio y un plan en 1997 que concluía en la necesidad de generar no una (como el plan anterior) sino varias salidas de aguas excedentes al Golfo de México (incluyendo una a través del Plan Chontalpa) entre otras  recomendaciones que no se siguieron ni en aquél, ni en el Plan Hidrológico de 2009.

En los estudios del 2009, aparte de las medidas de emergencia que canalizaban toda el agua a la zona chontal de Nacajuca y Centla, que provocarían la peor inundación de la historia en zona indígena en 2010, se concluyó que había dos opciones a largo plazo: seguir con la política de grandes infraestructuras, o la más viable y segura, pero más compleja porque implica involucrar a todos los propietarios de tierras entre Chiapas y Tabasco, promover formas de producción agropecuaria sustentables para pequeñas, medianas y grandes propiedades, que no provoquen deforestación ni erosión.

Además de las opciones que significan las nuevas micro tecnologías para producción de energía sin afectar los cauces de los ríos ni sus temporalidades, el gobierno federal, aunque hizo esfuerzos simbólicos por la segunda opción, básicamente ha seguido aplicando la primera. Para completar el diagnóstico, basta recordar el fracaso de los esfuerzos seguidos por los gobernadores Gurría y Madrazo por colocar a Tabasco en las cadenas de producción de valor mundiales y atraer inversiones al estado, incluso con el apoyo de estudios promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para convertir a Villahermosa en la ciudad base y de residencia de todos los petroleros de la región y sus familias.

Así las cosas, constituye un serio problema plantear propuestas para estas cuestiones, como se vieron obligados a hacer los candidatos al gobierno del estado, y si bien demostraron tener información clave, también se evidenció que, en todos los casos, más que proyectos integrales organizados, recurren a catálogos de propuestas que pueden resultar contrapuestas, sobre todo al cruzar las variables de producción de valor con sustentabilidad del medio ambiente. Por ejemplo, al pensar solamente en industria pesada e infraestructura como única forma de generar empleos y al no entender que tanto las plantaciones forestales y las de palma de aceite no son opciones ambientales sino todo lo contrario.

Aún están atrapados por la visión de que lo que se necesita es sólo lo que produce negocio, no lo que respeta el medio, da ocupación y produce satisfactores locales (en otras palabras, lo que los científicos llaman desarrollo local, postdesarrollo o decrecimiento sustentable). Y respecto a “la basura”, se habló de reutilización industrial de la misma, cuando a lo que está recurriendo el mundo, sobre todo en lugares con altos niveles freáticos, como Tabasco, es a generar proyectos de “basura cero”, limitando y prohibiendo la producción y uso de elementos no reciclables. Absolutamente nadie mencionó la idea de conservación de suelos, ni la situación de los acuíferos del estado, como tampoco de la reformulación de un Plan Hidráulico que contemple la integración de los pequeños propietarios regionales y que cambie el diseño actual de inundación de pueblos indígenas, generando otra salida para la cuenca del Grijalva. Por suerte nadie recuperó la idea de hacer una presa en el Usumacinta. No hubo ninguna mención a las zonas protegidas de la naturaleza ni mucho menos a la incorporación de la población local en su gestión.

Llamó la atención que ninguno de ellos siquiera mencionara la idea de políticas de población, lo cual es un enorme paso atrás respecto a lo que se hacía en el siglo pasado. En su descargo, podemos decir que lo mismo está ocurriendo en la campaña presidencial. Quizá el mayor problema es que se notó que todos tienen un conocimiento muy superficial de la problemática de la educación y sobre todo de educación para empleo, para desarrollo y como integración social, y que no han pensado mucho sobre alternativas en este campo. Igualmente, fue claro que no entienden el significado de la cultura en las sociedades modernas, cuando es la mejor de las herramientas contra la violencia, sobre todo a nivel juvenil. Tampoco asomó, en ningún momento, la idea de que un posible salto cuántico para el estado sería desarrollar actividades relacionadas con la industria cultural y la sociedad de comunicación, estrechísimamente relacionadas con la educación, perfectamente compatibles con soluciones a los riesgos ambientales y con las necesidades de empleo masivo.

Fue igualmente notorio que nadie mencionó cómo parar las extorsiones que impiden la generación y funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas, que durante el auge petrolero fueron las que básicamente cubrieron las necesidades económicas de la población local. No hubo de hecho consideraciones a los actores sociales del desarrollo, salvo la mención de “atraer inversiones y empresarios extranjeros” de parte de Gaudiano y Gina Trujillo.

Entre las propuestas, llamó la atención la de Manuel Paz, en el sentido de  formar una empresa petrolera, pero con un esquema tipo “pirámide” donde los ciudadanos, los pequeños “inversionistas” tienen todo para perder, además de ponerse a competir con Schell, Chevron, BP y demás gigantes. Pero mucho más interesante y adecuada es su propuesta de una comercializadora para los pequeños productores, lo mismo que la Financiadora Rural mencionada por Adán Augusto.

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